Aunque no
lo parezca, uno puede llegar a ser concienzudo; tal vez lo den los años, tal
vez lo de el hastío, tal vez lo de la impotencia. Lo cierto es que llevo tiempo
dándole vueltas a la cabeza sobre la famosa reforma de la ley educativa, LOMCE
o Ley WERT.
El mismo
tiempo que llevo viendo y escuchando todo tipo de comentario sobre la misma
que, a mi parecer, solo hacen desviar la atención del verdadero meollo de la
cuestión.
Primero
desvían la atención con nacionalismos lingüísticos, ahora con las notas medias para becados, y después
sacarán otro titulillo. (Me gustaría ver las notas medias de los que dirigen
nuestro país o aspiran a hacerlo.)
Insisto
en que llevo tiempo leyendo y pensando entorno al tema y aún no comprendo
porque no sale nadie a denunciar esos otros aspectos que distinguen
verdaderamente esta reforma educativa de sus predecesoras.
Todavía
no he escuchado las voces , incluidos profesionales del sector, denunciando las
sucesivas cribas que van a padecer los alumnos; llegando el caso de que puedan
ser catalogados ya como inservibles para continuar los estudios, ser segregado
y derivado a la llamada FP inicial, hacia unas enseñanzas de nombre FP que
impiden posteriormente la continuidad de sus estudios en FP de grado medio, o
en cualquier otro tipo de estudios; ocultando
así el problema del llamado “fracaso” escolar.
Nadie se
ha pronunciado en contra de que estas reválidas sean realizadas por agentes
externos, es decir, por empresas privadas, amigotes o compañeros de colegio,
personal de la privada o Dios sabe quien; con el consiguiente desprecio hacia
profesorado de la enseñanza pública.
Un
desprecio que se acentúa cuando esta ley se carga de un plumazo la democracia
en los centros de enseñanza, comenzando por el recorte de funciones del consejo
escolar que se convierte en un órgano consultivo sin potestad de aprobar
ninguna resolución; otorgando estas
concesiones a los directores de los centros.
Unos
directores que ya no necesitaran del mayor apoyo de la comunidad educativa.
Serán las Administraciones educativas
quienes convoquen concurso de méritos y establezcan los criterios objetivos y
el procedimiento de selección, así como los criterios de valoración de los
méritos del candidato y del proyecto presentado. A buen entendedor con poquitas palabras
basta, ¿verdad?
Pero por
si acaso, veamos una vez más como se cargan el proceso democrático.
En la LOE
(en vigor hasta esta reforma) “La
selección del director, que tendrá en cuenta la valoración objetiva de los
méritos académicos y profesionales acreditados por los aspirantes y la
valoración del proyecto de dirección, será
decidida democráticamente por los miembros de la Comisión, de acuerdo con los criterios establecidos
por las Administraciones educativas. La selección se realizará considerando, primero, las candidaturas
de profesores del centro, que
tendrán preferencia. En ausencia de candidatos del centro o cuando éstos no
hayan sido seleccionados, la Comisión valorará las candidaturas de profesores
de otros centros.”
Y así lo
recorta el Sr. Wert: “La selección se
basará en los méritos académicos y profesionales acreditados por los
aspirantes, la valoración del proyecto de dirección, y la experiencia y
valoración positiva del trabajo previo desarrollado como cargo directivo y de
la labor docente realizada como profesor. Se valorará de forma especial la
experiencia previa en un equipo directivo."
Pero ¿quién lo decide?
De esta
manera ya pueden quitarse del medio a directores no afines, reivindicativos con
la administración, etc. etc. y de paso dejamos vía libre a los amigos y
simpatizantes políticos.
Igualmente
la ley Wert, deja vía libre para
quitarse del medio a profesores molestos.
En este
sentido se permite al director del
centro “autonomía para adaptar los
recursos humanos a las necesidades derivadas de los mismos. A tal efecto,
dispondrá de las siguientes facultades, de acuerdo con las condiciones que el
Gobierno determine reglamentariamente:
Establecer requisitos y méritos específicos para los puestos ofertados de personal
funcionario docente, así como para la ocupación de puestos en interinidad.
Rechazar, mediante decisión motivada, la
incorporación a puestos en interinidad de personal docente procedente de las
listas centralizadas. Esta
decisión deberá ser refrendada por la Administración educativa
correspondiente. (Es decir
la misma administración que ha dado el visto bueno al cargo de director)
Cuando exista vacante y financiación adecuada
y suficiente, proponer de forma motivada el nombramiento de profesores
que, habiendo trabajado en los proyectos de calidad, sean necesarios para la
continuidad de los mismos.
Y todo esto se justificará con la
excusa de promover acciones “destinadas a
fomentar la calidad de los centros docentes, mediante el refuerzo de su
autonomía y la potenciación de la función directiva, según establezcan el
Gobierno y las Administraciones educativas.”
Pero que
nadie se alarme porque “En estos
supuestos, las Administraciones educativas podrán trasladar al personal
funcionario a centros educativos distintos al de su destino, de manera motivada
y respetando sus retribuciones y condiciones esenciales de trabajo, modificando,
en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean
titulares.” Eso si, el personal funcionario tendrá derecho a las
indemnizaciones establecidas reglamentariamente para los traslados forzosos.
Pero nuestros políticos pueden seguir andándose por las
ramas con demagogias baratas; mientras tanto,
los centros privados podrán seleccionar todavía más al alumnado con la
“especialización” de los centros y la introducción de “aspectos específicos”
para la definición del “carácter singular del centro”. Los alumnos de clases
sociales desfavorecidas, los alumnos con dificultades de integración, etc… que
se los quede la enseñanza publica
Continuarán
los conciertos en las etapas de educación obligatoria y, por esa
falacia de la libertad de elección de centro, se extenderán a la no
obligatoria, a la Educación Infantil, la FP y el Bachillerato, dando
satisfacción a las reivindicaciones de las patronales de la enseñanza privada.
Clasificarán al alumnado y a los centros, pues habrá rankings
de centros con buenos, regulares o malos resultados de forma “legal” y
publicarán los datos para justificar sus conciertos con la Iglesia Católica.
Los
centros concertados crecerán como champiñones (incluso con terrenos públicos
cedidos) al auspicio de una ley con el visto bueno de Rouco Valera y sus amigos
del Opus Dei.
Seguirán
eligiendo sus profesores por sus valores religiosos antes que por sus valores académicos;
mientras que miles de candidatos se parten la boca por unas pocas plazas en
oposiciones.
Ahora el gobierno
del PP quiere trasladar el contenido de esta ley a los ciudadanos, por
comunidades autónomas, provincias y municipios; para convencer de sus virtudes.
Acusarán, como ya se ha hecho por el PP de Córdoba; a los que se oponen a esta
iniciativa de "engañar" a los ciudadanos, y mil tretas mas para
ocultar la verdad.
Pero tal vez no sea
tan grave si podemos seguir mirando para otro lado… mientras que, entre todos, se
cargan la democracia en uno de los pilares de nuestra sociedad; en la
Educación.
